IIN

Reflexión de Andi
En la contemporaneidad, dicen los expertos en el tema, hay dos maneras principales de abordar la relación entre los medios de comunicación masivos y los derechos de la niñez.

Así, es natural que a lo largo de las últimas décadas venga creciendo la determinación de distintos sectores de la sociedad en estudiar la interfaz que conecta los medios a la agenda de la niñez. Como también es natural que herramientas como la Convención Sobre los Derechos del Niño (artículo 17) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (artículo 13, 4) establezcan principios generales para la implementación de políticas públicas relacionadas al sector de la comunicación y reclamen la necesidad de los Estados nacionales de poner en foco tales cuestiones.

Un nuevo escenario - Desde los debates celebrados para la elaboración de la Constitución de los Estados Unidos – uno de los primeros documentos definidores de los regímenes democráticos modernos –, se consideró a la prensa como clave en el proceso de supervisión externa de los gobiernos que se estaban constituyendo. En el proceso de control de la corrupción, por ejemplo, los medios de comunicación eran percibidos como agentes cada vez más importantes, en lo que atañe a la información del electorado con respecto a los temas de interés público.
Además, otras dos funciones estratégicas del periodismo están hoy claramente identificadas. La primera es proveer a la sociedad con informaciones confiables y contextualizadas – de forma de fortalecer a los ciudadanos y ciudadanas, que así pueden conocer mejor sus derechos y exigir que se cumplan (contribución para el fortalecimiento del capital social). La segunda es colocar temas relevantes en la agenda pública de debates, de forma plural, nutriendo la capacidad de los tomadores de decisión para implementar políticas que atiendan a las necesidades e intereses de la población en general.
Al asumir dichos papeles, los medios de comunicación se convierten automáticamente en piezas muy importantes en lo relativo a aspectos tan esenciales como las estrategias de desarrollo, la protección y promoción de los derechos humanos en general – incluyendo, de manera particular, los derechos de la niñez y adolescencia – y la estructuración de las políticas públicas como un todo.

El contexto regional – Por otra parte, al mismo tiempo que esta situación evoluciona, las empresas del área de comunicación han ido adquiriendo paulatinamente – o se les han terminado concediendo – poderes añadidos. En otras palabras, los grupos de este sector pasaron de espectadores a agentes del proceso de desarrollo.
A su vez, diversos estudios diagnostican que en muchas naciones del continente americano, estas funciones tan relevantes de los medios se acaban viendo afectadas de manera negativa por la ausencia de un marco regulador democrático y consolidado. Tal contexto es resultado de – y retroalimenta – una historia marcada por la resistencia de las empresas de medios a discutir sobre asuntos que les afecten, por la limitada conciencia de ciudadanos y ciudadanas en relación a la centralidad de esta temática y por la omisión de los gobiernos en colocar atención a los vínculos entre comunicación y derechos de niños, niñas y adolescentes. Estas características dificultan el debate público y la adopción de medidas capaces de impulsar la evolución del modo como funciona la mayoría de las empresas de comunicación – especialmente en el caso de las emisoras de radio y de televisión.
Así, con pocas excepciones, los países de nuestra región siguen muy retrasados en relación a políticas de comunicación y niñez implementadas hace muchos años en gran parte de las democracias desarrolladas del mundo, como es el caso de Francia, Alemania, Suecia y Gran Bretaña. Entre otras medidas, es posible destacar la clasificación por edades de obras audiovisuales, la regulación de la publicidad infantil, las políticas de media literacy en las escuelas y el estímulo a la producción de contenidos mediáticos de calidad, por ejemplo.
No obstante, en muchos países los representantes de las empresas de los medios de comunicación defienden que sus actividades han de verse reguladas solamente por las leyes de mercado, olvidándose de la protección de los derechos de la población infantil y adolescente. Esa es una situación que afecta directamente el avance de democracias, recién consolidadas o en consolidación, por lo que demanda no solo la urgente realización de debates más profundos sobre el tema sino que la estructuración de políticas adecuadas.

Además, en relación a las emisoras de televisión y radio, el hecho de que exploten concesiones públicas, otorgadas con relación a parcelas del espectro electromagnético – que es un recurso natural limitado, propiedad de toda la sociedad – hace que su responsabilidad en producir y diseminar contenido de calidad sea indiscutible.

Foco en la transformación – En este sentido, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes y Andi se ocupan actualmente de profundizar la discusión sobre dos importantes aspectos relacionados a los medios de comunicación:

Periodismo de calidad y el rol de las fuentes de información gubernamentales – La producción de mensajes periodísticos de calidad sobre la niñez y adolescencia es central para que el tema esté presente en la agenda pública de discusiones, las políticas públicas sean más reclamadas y los ciudadanos y ciudadanas sean mejor informados sobre las cuestiones fundamentales para la garantía, promoción y protección de los derechos de estos segmentos poblacionales. En este sentido, se hace necesario profundizar un debate sobre cómo las fuentes de información gubernamentales que trabajan la agenda de la niñez pueden desarrollar una cooperación más profesional y productiva con las salas de redacción.
Políticas públicas de comunicación y derechos de la niñez y adolescencia – Las funciones que cumplen los medios masivos merecen una atención especial si nos centramos en las edades más jóvenes – seres humanos en vías de desarrollo. Así, los medios de comunicación deben ser entendidos como instituciones para las cuales los Estados Nacionales deben producir marcos legales que tengan el reto principal de proteger, garantizar y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes. Lo cual significa tratar los tres grandes ejes de la comunicación: periodismo, entretenimiento y publicidad.