|
ver
acuerdo
"La inclusión social,
motor del desarrollo de la Comunidad Iberoamericana".
1. Los Jefes de Estado y
de Gobierno de los 21 países iberoamericanos, reunidos en la XIII Cumbre
Iberoamericana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,
reiteramos nuestro propósito de seguir fortaleciendo la Comunidad
Iberoamericana de Naciones como foro de diálogo, de cooperación y de
concertación política, profundizando los vínculos históricos y
culturales que nos unen, admitiendo, al mismo tiempo, los rasgos propios
de cada una de nuestras múltiples identidades que nos permiten
reconocernos como una unidad en la diversidad.
2. Reconocemos que la lucha
contra la pobreza es esencial para la promoción y consolidación de la
democracia y constituye una responsabilidad común y compartida de
nuestros Estados y de la Comunidad Internacional. Declaramos que la
superación de la pobreza requiere de la aplicación de políticas
integrales definidas y desarrolladas por el Estado con la participación
de todos los sectores de la sociedad, siendo el crecimiento económico una
condición necesaria pero no suficiente para promover una mejor calidad de
vida, superar la pobreza y eliminar la exclusión social.
3. Reafirmamos nuestra
voluntad de reforzar las políticas y estrategias orientadas a luchar
contra la pobreza y las causas que la originan, que hagan posible
establecer condiciones de mayor inclusión social y expresamos nuestro
convencimiento de que el mayor ejercicio de los derechos ciudadanos, la
promoción de la equidad y la justicia social y la plena participación en
la toma de decisiones sobre todos los asuntos de la vida nacional serán
factores determinantes para el desarrollo de nuestras sociedades y para el
afianzamiento de la gobernabilidad y la estabilidad democráticas.
4. Reafirmamos nuestra
adhesión a los propósitos y principios del Derecho Internacional
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, el respeto a la soberanía
y la igualdad jurídica de los Estados, el principio de no intervención,
la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales, el respeto a la integridad territorial, la solución
pacífica de las controversias y la protección y promoción de todos los
derechos humanos para hacer frente a los problemas de la agenda
internacional en un mundo globalizado. Nos manifestamos por un eficaz
fortalecimiento del multilateralismo y del papel de la Organización de
Naciones Unidas, como foro en el que deben resolverse las controversias
internacionales, salvaguardar la paz y la seguridad internacionales y
promover el desarrollo económico y social en el mundo.
5. Reafirmamos que el Consejo
de Seguridad es el órgano con la responsabilidad primordial para el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Nos pronunciamos a
favor de una amplia reforma de dicho órgano a fin de que opere de manera
democrática, eficaz y transparente. Asimismo, apoyamos una amplia reforma
del Sistema de Naciones Unidas que incluya una Asamblea General y una
Secretaría General fortalecidas en sus funciones.
6. Reiteramos nuestro
enérgico rechazo a la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes
y medidas contrarias al Derecho Internacional, la libertad de mercado,
navegación y comercio mundial y, por ello, exhortamos al Gobierno de los
Estados Unidos de América a que ponga fin a la aplicación de la Ley
Helms-Burton.
7. Subrayamos la importancia
del establecimiento de la Corte Penal Internacional como órgano dedicado
a investigar, juzgar y sancionar los crímenes de genocidio, de lesa
humanidad y de guerra, que afectan a toda la comunidad internacional.
Destacamos la elección de distinguidos juristas iberoamericanos para
integrar esta Corte, como jueces y fiscal, y subrayamos la importancia de
la adhesión y ratificación universal del Estatuto de Roma.
8. Reconocemos que la
democracia, la paz, la justicia, la equidad y el desarrollo sostenible son
conceptos estrechamente vinculados que se refuerzan mutuamente. En este
sentido, reiteramos nuestro compromiso con la consolidación de la
democracia y el mantenimiento del Estado de Derecho, la protección y
promoción de los derechos humanos, el reconocimiento y respeto a la
propia identidad y al ejercicio de la diversidad cultural, así como el
derecho de cada Estado a construir libremente sin injerencia extranjera,
en paz, estabilidad y justicia, su sistema político y sus instituciones.
9. Subrayamos, asimismo, la
importancia de instrumentar medidas orientadas a la superación de las
condiciones socioeconómicas de pobreza y exclusión, campos fértiles
para la desestabilización social y política.
10. Reafirmamos nuestra
convicción de que constituyen elementos esenciales de la democracia, la
independencia y equilibrio de poderes, la adecuada representación de
mayorías y minorías, la libertad de expresión, asociación y reunión,
el pleno acceso a la información, la celebración de elecciones libres,
periódicas, transparentes y basadas en el sufragio universal y secreto
como expresión de la soberanía del pueblo, la participación ciudadana,
la justicia social y la igualdad.
11. Reiteramos nuestro empeño
en el fortalecimiento institucional del Estado, en lograr administraciones
públicas más eficaces y transparentes y en promover los instrumentos
necesarios para una mayor participación de la sociedad civil en el
proceso de toma de decisiones. Los Estados Iberoamericanos fortalecerán
en sus agendas gubernamentales las políticas de reforma de la
Administración Pública. En este marco, expresamos nuestro especial
compromiso para avanzar en la profesionalización de la Función Pública,
acorde con los principios y orientaciones adoptadas en la "Carta
Iberoamericana de la Función Pública", aprobada por la V
Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y
Reforma del Estado, celebrada el 26 y 27 de junio de 2003 en Santa Cruz de
la Sierra, Bolivia.
12. Reafirmamos nuestra
voluntad de combatir la corrupción en los sectores público y privado y
la impunidad, que constituyen una de las mayores amenazas a la
gobernabilidad democrática. Reiteramos la importancia de la cooperación
internacional incluyendo, en su caso, los procedimientos de extradición,
en la efectiva lucha contra la corrupción respetando los procedimientos
jurídicos de cada país. El acceso a la información en poder del Estado
promueve la transparencia y constituye un elemento esencial para la lucha
contra la corrupción y es condición indispensable para la participación
ciudadana y el pleno goce de los derechos humanos.
13. Expresamos nuestro firme
compromiso de combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones,
con estricto apego al derecho internacional, a las normas internacionales
de protección de los derechos humanos, y el derecho internacional
humanitario. Estamos decididos a reforzar nuestras legislaciones
nacionales y fortalecer la cooperación internacional para prevenir,
reprimir, combatir y sancionar todo acto terrorista, dondequiera que se
produzca y por quien quiera que lo cometa, a no prestar ayuda ni refugio a
los autores, promotores o participantes en actividades terroristas, de
conformidad con las resoluciones relevantes de la Asamblea General y del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Apoyamos los trabajos del
Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad para combatir este
flagelo, que representa una seria amenaza a la paz, la estabilidad
democrática y el desarrollo de los pueblos.
14. Reafirmamos nuestro
permanente compromiso de fortalecer la lucha contra el problema mundial de
las drogas y sus delitos relacionados, desde un enfoque integral y
equilibrado, que establezca una cooperación internacional fundada en los
principios de la soberanía de los estados y la responsabilidad común y
compartida. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso de seguir cooperando
en la lucha contra las diversas manifestaciones de la delincuencia
organizada transnacional.
15. Destacamos el positivo
impacto social de los programas de desarrollo de cultivos alternativos en
las comunidades rurales. Reconocemos la importancia de programas, eficaces
y solidarios, de sustitución de cultivos ilícitos, para favorecer la
inclusión social de los grupos más desfavorecidos del campo y los
trabajadores rurales e indígenas, e instamos a la comunidad internacional
a intensificar su apoyo a estos programas y a propiciar el acceso a los
mercados internacionales de los productos de exportación resultantes de
estos programas.
16. La situación de la
economía mundial, la disminución del financiamiento para el desarrollo y
de la cooperación multilateral afectan significativamente a nuestras
sociedades. El problema se agrava por la volatilidad de los flujos
financieros y de los capitales, el descenso de los precios de los
productos básicos de exportación y la persistencia de barreras
comerciales y medidas no arancelarias que dificultan las exportaciones,
incluido el efecto de aquellas prácticas que, como los subsidios,
distorsionan el comercio. Sobre este último asunto expresaron al mismo
tiempo, su aprecio por el tratamiento constructivo del tema en las
negociaciones entre América Latina y la Unión Europea.
Los problemas señalados tienen un impacto muy negativo sobre las balanzas
de pagos, ya muy afectadas por las grandes oscilaciones de los precios de
los productos básicos de exportación.
17. Reiteramos la importancia
del acceso de las exportaciones de los países en desarrollo a todos los
mercados. Confiamos en que el cumplimiento de los compromisos asumidos en
la Conferencia de Monterrey por los países donantes lleve a que la Ayuda
Oficial al Desarrollo acelere el crecimiento recuperado en los dos
últimos años y contribuya de ese modo a asegurar una adecuada
transferencia de recursos financieros hacia las regiones menos favorecidas
del mundo incluidos los países de ingresos medios con altos niveles de
pobreza y hacia programas y proyectos que favorezcan la reducción de la
pobreza.
18. Ratificamos el deber de
resolver, de manera efectiva, justa y duradera, el problema de la deuda
externa que afecta a los países de la región, teniendo en consideración
que los planes de ajuste económico preserven los principios de equidad y
justicia social así como la lucha contra la pobreza, el hambre y la
desocupación. A los efectos de aliviar el peso de la deuda a través de
las negociaciones e iniciativas multilaterales, instamos al Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo a que intensifiquen los mecanismos de prevención y resolución
de las crisis financieras por las que atraviesan determinadas economías
latinoamericanas, evaluando, en cada caso y con los países afectados,
fórmulas para aliviar cargas insostenibles de la deuda, preservando los
principios de responsabilidad mutua, de equidad, de combate a la
exclusión y, en especial, promoviendo el fortalecimiento de la
gobernabilidad de las democracias.
19. Las demandas sociales
insatisfechas de nuestras poblaciones constituyen una amenaza a la
gobernabilidad democrática. En ese contexto, recomendamos continuar con
la búsqueda de mecanismos financieros innovadores destinados a afianzar
dicha gobernabilidad y contribuir a la superación de la pobreza.
20. Acogemos con interés la
iniciativa para la creación de un Fondo Humanitario Internacional, como
mecanismo de financiación que permita acceder a fondos especiales que
contribuyan a mitigar los efectos de la pobreza en los países en
desarrollo.
21. Reconocemos el impacto
positivo que tienen sobre la superación de la pobreza en nuestros países
los avances de orden institucional que han significado una mayor
participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, el mayor
acceso de la población a la justicia y la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, reconocemos que las reformas económicas estructurales
llevadas a cabo con tanto sacrificio por nuestros pueblos y por nuestros
gobiernos en muchos casos no han producido resultados suficientes sobre la
disminución de las desigualdades y de la exclusión social, e incluso en
algunos casos, han significado un retroceso o profundización de estos
fenómenos.
22. Somos conscientes de que
la exclusión social es un problema de carácter estructural con profundas
raíces históricas, económicas y culturales cuya superación demanda una
profunda transformación de nuestras sociedades, afectadas por la
desigualdad en la distribución de la riqueza.
Reconocemos la urgente necesidad de aplicar políticas públicas dirigidas
a disminuir la pobreza e incrementar el grado de participación ciudadana
de todos los sectores excluidos de la población en el diseño de las
políticas sociales, la toma de decisiones y el control y la
fiscalización sobre los recursos financieros destinados a dar
cumplimiento a estas políticas, de manera que sean ellos los actores de
su propio y pleno desarrollo. Así podremos propiciar su acceso a la
tierra, a las fuentes de trabajo, a una mejor calidad de vida, a la
educación, la salud, la vivienda y otros servicios básicos.
23. Tenemos la certeza de que
la pobreza no se resuelve con planes asistenciales. Aún cuando éstos
constituyan un paliativo obligado hasta la efectiva solución del problema,
debe evitarse que cristalice una sociedad dividida entre quienes tienen
trabajo y quienes son asistidos. Por ello, nos proponemos impulsar todas
las acciones necesarias para disminuir las elevadas tasas de desocupación
que castigan a nuestras sociedades, generando condiciones propicias para
el desarrollo de los negocios y la inversión productiva y mediante
programas de capacitación y de generación de empleo que permitan
insertar a los desempleados, en las actividades productivas. Asimismo,
reafirmamos nuestra convicción de que el trabajo decente tal como es
concebido por la OIT, es el instrumento más efectivo de promoción de las
condiciones de vida de nuestros pueblos y de su participación en los
frutos del progreso material y humano.
24. Ratificamos el compromiso
de seguir avanzando con las políticas solidarias de desarrollo sostenible
que permitan alcanzar de forma planificada y equitativa las metas de
erradicación de la extrema pobreza, dotación de servicios básicos para
toda la población, mejoramiento de la calidad de vida, protección del
medio ambiente y uso sostenible de los recursos naturales y la
modificación de los patrones no sostenibles de producción y consumo.
Exhortamos por ello a los países desarrollados, a los organismos de
cooperación y a las instituciones financieras multilaterales a reforzar
la ayuda dirigida a programas y proyectos de desarrollo que cumplan con
esas políticas.
25. Admitimos, por otra parte,
que la crisis económica que afecta a la mayoría de los países
iberoamericanos y la desigualdad en la distribución de los recursos y de
los ingresos están produciendo un considerable deterioro y vulnerabilidad
de la seguridad alimentaria de grandes sectores de nuestra población,
especialmente en las zonas rurales, lo que tiene grandes repercusiones
sobre el desarrollo humano y sostenible de la región. Por ello,
consideramos necesario crear instrumentos enfocados a favorecer, entre
otras medidas, la concesión de créditos y fortalecer los programas de
capacitación y asistencia técnica que permitan a los más afectados
formular estrategias integradas y participativas de producción agrícola
para su autoabastecimiento, a fin de garantizar un desarrollo rural
integral.
26. Reiteramos que la
agricultura y la relación armónica entre lo rural y lo urbano son
primordiales para el desarrollo integral de nuestros países. Nos
comprometemos a incrementar las oportunidades para mejorar las condiciones
y las capacidades humanas, sociales e institucionales de vida en el medio
rural, promoviendo las inversiones y creando una institucionalidad
favorable para el mejoramiento sostenible de la agricultura, el fomento de
la agroindustria y su contribución al desarrollo social, la prosperidad
rural y la seguridad alimentaria.
27. Asimismo, nos proponemos
seguir adoptando medidas de emergencia para asistir a las familias e
individuos cuyos ingresos per cápita sean inferiores al de la línea de
pobreza y garantizarles la seguridad alimentaria. En ese sentido,
registramos con interés la creación de un Fondo Mundial Contra el Hambre.
Este fondo que se inserta en el contexto de la cooperación Sur - Sur, ya
cuenta con donaciones de empresas privadas y contribuciones de países
patrocinadores y podría beneficiarse de una dimensión Norte - Sur
mediante el apoyo político y donaciones financieras de los países
desarrollados.
28. Reconocemos el papel
fundamental que la microempresa tiene para el desarrollo de nuestros
países, ya que genera riqueza y empleo, facilita la descentralización
económica y permite la incorporación de amplios sectores de la
población a las economías nacionales. Reconocemos también el papel que
las cooperativas y asociaciones comunitarias tienen para el desarrollo de
una economía solidaria con vocación social, porque contribuyen a generar
empleo productivo, promueven una mayor integración social, así como la
plena participación de todos los sectores de la población en el proceso
productivo nacional, en particular de las mujeres, los jóvenes, y las
personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Por ello, nos
comprometemos a fomentar la concesión de microcréditos que favorezcan su
más amplio desarrollo, teniendo en cuenta la equidad de géneros.
29. Asumimos el compromiso de
continuar avanzando en la formulación y ejecución de políticas
regionales para el desarrollo de una infraestructura de integración
física regional, por la importancia que ésta tiene para disminuir los
índices de pobreza y exclusión social y para aumentar el grado de
participación y de articulación de las poblaciones originarias.
Consideramos necesario asimismo que en esta política regional se dé
prioridad a las necesidades y problemas específicos de los países en
desarrollo sin litoral marítimo de la región y a las zonas interiores de
los países de tránsito.
Valoramos la importancia estratégica regional que representa para
nuestros países el transporte aéreo y tomamos nota de la puesta en
marcha del Comité Regional de Competitividad en el Transporte Aéreo.
30. Reconocemos la necesidad
de generar un programa regional de vivienda de interés social y
asentamientos humanos, orientado a los sectores sociales más pobres, con
el propósito de contribuir en forma sustantiva a los esfuerzos que los
gobiernos vienen desarrollando por medio de los programas nacionales de
combate a la pobreza, contribuir al crecimiento económico de los países
a través de las relaciones intersectoriales de la actividad de la
construcción, generar fuentes de ingreso y empleo para las familias
pobres, propiciar una mayor gobernabilidad en los países y, contribuir a
la superación de las condiciones críticas medioambientales presentes en
los asentamientos humanos y con ello promover el desarrollo sostenible del
hábitat regional.
31. Somos conscientes de la
importancia de la educación como factor de inclusión social para la
erradicación de la pobreza, el logro del desarrollo sostenible y la
construcción de sociedades prosperas y democráticas. Reiteramos nuestro
compromiso para alcanzar las metas educativas establecidas en la
Declaración de Bariloche en 1995, y para impulsar un Movimiento en favor
de la Educación. Asimismo, acordamos que el día 2 de octubre sea
adoptado en nuestros países como el día iberoamericano de la Educación.
32. Destacamos la posibilidad
de llevar adelante estudios técnicos, diálogos y negociaciones conjuntas
ante organismos internacionales con el objeto de explorar la viabilidad y
puesta en marcha de estrategias, iniciativas e instrumentos de conversión
de la deuda externa por inversión en educación, ciencia y tecnología,
según sea del interés de los Estados, con el doble objetivo de reducir y
aliviar el nivel de endeudamiento de nuestros países y a la vez aumentar
la inversión genuina en dichos sectores críticos para el desarrollo.
33. Afirmamos que la cultura
contribuye al desarrollo humano sostenible como elemento de cohesión
social, basado en una perspectiva integral de la persona, que toma en
cuenta la pluralidad de sus necesidades y aspiraciones. Reconocemos la
riqueza de nuestra diversidad cultural como un valor fundamental de la
Comunidad Iberoamericana y destacamos la conveniencia de fomentar, plena y
libremente, políticas públicas integrales y transversales que fomenten
la producción de bienes y servicios culturales como fuentes de valor
agregado. Este último aspecto, también deberá considerarse en las
negociaciones comerciales internacionales actuales y futuras.
34. La defensa de los derechos
y de la identidad propia de las culturas originarias de América, afro
descendientes y de otras procedencias, como parte fundamental de nuestras
sociedades, debe ser una prioridad permanente para nuestros gobiernos,
porque contribuyen de forma determinante al desarrollo e identidad de toda
la comunidad iberoamericana. Su plena integración en la vida nacional,
basada en el ejercicio de sus culturas y sus derechos ciudadanos, es un
objetivo común que sólo podrá ser alcanzado a partir del desarrollo de
la interculturalidad.
35. En el convencimiento del
valor de la cultura para contribuir en la búsqueda de la equidad social,
proclamamos el año 2005 como el año Iberoamericano de la Lectura, y
proponemos aunar esfuerzos del sector público y del privado para llevar a
buen término el Plan Iberoamericano de Lectura aprobado por la VII
Conferencia Iberoamericana de Cultura.
36. La salud constituye un
derecho humano fundamental para el desarrollo sostenible. El rescate de la
atención primaria de salud, el objetivo de salud para todos y con todos,
el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo del Milenio y el
fortalecimiento de las capacidades de gestión local en salud deben
convertirse en ejes estratégicos fundamentales para incrementar la
protección social y lograr el acceso universal a la salud. En este
sentido, es importante incrementar la inversión pública en salud y
aprovechar los esfuerzos cooperativos entre países en el marco de las
iniciativas regionales y subregionales de integración, así como,
movilizar el apoyo de la comunidad y la cooperación internacionales
37. Declaramos que es
necesario que todos nuestros países amplíen el acceso equitativo,
universal y permanente a los sistemas de salud y de seguridad social y de
dirigir nuestra acción hacia los sectores excluidos, con el propósito de
disminuir los índices de mortalidad infantil y materna, prevenir la
difusión de enfermedades infecto-contagiosas como el SIDA y a asegurar la
atención primaria integral de salud de toda la población y el acceso a
los medicamentos esenciales, respetando y promoviendo las costumbres y
valores propios inherentes a cada cultura.
38. Por otra parte,
ratificamos nuestro rechazo a todas las formas de discriminación racial,
social, religiosa, de género o de orientación sexual, de discapacidad, u
otras formas de discriminación. Consideramos relevante promover el papel
fundamental de los instrumentos internacionales y regionales de promoción
y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la
persona, así como la cooperación de todos los países en este ámbito.
39. Con la finalidad de
promover un mayor entendimiento y concientización respecto de los temas
relativos a las personas con discapacidad y movilizar apoyo a favor de su
dignidad, derechos, bienestar y de su participación plena e igualdad de
oportunidades, así como fortalecer las instituciones y políticas que los
beneficien, proclamamos el año 2004 como Año Iberoamericano de las
Personas con Discapacidad.
40. Reconocemos las
contribuciones económicas y culturales de los migrantes a las sociedades
de destino y a sus comunidades de origen. Ratificamos el compromiso de
establecer una mayor coordinación y cooperación en torno al tema de las
migraciones y destacamos la importancia de la cooperación entre los
países de origen, tránsito y destino para asegurar la plena protección
de los derechos humanos y laborales de los migrantes y sus familias, así
como para combatir el tráfico ilícito y la trata de personas que afecta
particularmente a niños, niñas y mujeres. Impulsaremos para ello un
diálogo integral entre los países de origen, tránsito y destino de los
migrantes, que permita la gestión adecuada de los flujos migratorios y la
integración social de los migrantes. Reconocemos también la necesidad de
fomentar las inversiones productivas que generen fuentes de empleo
dignamente remunerado, para crear alternativas a los actuales flujos
migratorios y para eliminar el tráfico ilegal de personas. Asimismo
impulsaremos mecanismos de cooperación que simplifiquen, reduzcan el
costo y aceleren las remesas que envían los migrantes a sus países de
origen.
41. Asimismo reiteramos el
compromiso para combatir la trata de personas que afecta particularmente a
mujeres, niños y niñas, adoptando medidas de prevención y protección
de las víctimas, ajustadas a los principios reconocidos
internacionalmente de no discriminación y de respeto a los derechos
humanos y las libertades fundamentales, garantizando además que el
retorno sea en la medida de lo posible voluntario y tenga debidamente en
cuenta la seguridad y dignidad de la persona, de conformidad con el
derecho internacional, en particular la Convención sobre el estatuto de
los refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el principio de
no devolución consagrado en ellos.
42. Reconocemos que la mujer
desempeña un papel fundamental en los procesos de transformación social
y es factor determinante para el desarrollo económico de nuestros
pueblos; y constatamos que aún persisten en nuestras sociedades diversas
formas de discriminación, de exclusión y de violencia contra ella. Nos
comprometemos a emprender, apoyar e impulsar en las políticas nacionales
los planes de equidad de género e igualdad de oportunidades y los de
prevención de violencia contra la mujer, que garanticen el desarrollo de
sus potencialidades y su participación igualitaria en todas las
actividades de la vida pública y privada y en la toma de decisiones en
todos los ámbitos y niveles.
43. En Iberoamérica, los
niños, niñas y adolescentes conforman la mayor parte de la población.
Muchos de ellos nacen en condiciones de pobreza y de exclusión, lo que
disminuye sus capacidades personales y compromete el futuro de nuestras
sociedades. Reconocemos la deuda que nuestros Estados tienen con los
jóvenes y nos comprometemos a seguir buscando soluciones que aseguren su
plena inserción social y laboral y su participación en la toma de
decisiones sobre todos los asuntos que les conciernan. Ratificamos por
ello nuestro decidido apoyo a las actividades desarrolladas en la
búsqueda de estos objetivos por la Organización Iberoamericana de
Juventud. Nos comprometemos a seguir desarrollando políticas públicas
sostenibles que permitan cumplir los objetivos y metas acordadas por los
países iberoamericanos, especialmente a favor de la niñez indígena y
afro descendiente, con criterios de equidad e inclusión social,
implementando un sistema de asistencia técnica horizontal para la región
y procurando que la cooperación internacional incremente su apoyo, en
cumplimiento del compromiso internacional de destinar el 0.7% del PIB de
los países desarrollados como ayuda oficial al desarrollo.
44. Concordamos en que la
revolución informática y tecnológica abre mayores posibilidades de
participación social, económica y política. Las tecnologías de la
información son herramientas indispensables para la promoción del
desarrollo económico y social de nuestros países Es importante evitar
que la sociedad de la información genere nuevas formas de exclusión. La
reducción de la brecha digital, el desarrollo de la infraestructura para
la conectividad y el acceso universal deben ser objetivos fundamentales de
las políticas de construcción de la sociedad de la información.
Consideramos que la administración de Internet debe realizarse a través
de una gestión amplia, transparente, participativa y democrática
en la que intervengan los gobiernos los organismos internacionales, la
empresa privada y la sociedad civil. Consideramos que junto con maximizar
las ventajas que se derivan de estas innovaciones tecnológicas es
necesario también evitar nuevas formas de exclusión y discriminación
tecnológicas, desarrollando proyectos de cooperación en materia de
tecnologías de información. Nos proponemos trabajar por estos objetivos
y por la promoción de la diversidad cultural y lingüística en la
próxima Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.
45. Asimismo somos conscientes
de que la protección de datos personales es un derecho fundamental de las
personas y destacamos la importancia de las iniciativas regulatorias
iberoamericanas para proteger la privacidad de los ciudadanos contenidas
en la Declaración de La Antigua por la que se crea la Red Iberoamericana
de Protección de Datos, abierta a todos los países de nuestra Comunidad.
Cooperación Iberoamericana
1. Reafirmamos que la
cooperación, tal como lo estipula el Convenio de Bariloche, debe ser uno
de los ejes centrales sobre los que se sustenta el proceso permanente de
construcción de la Comunidad Iberoamericana como espacio de convergencia
y de inclusión política, económica, social y cultural de todos los
sectores de nuestras sociedades.
2. Destacamos los progresos en
la ratificación del Protocolo de La Habana, por el cual se crea la
Secretaría de Cooperación Iberoamericana.
3. Valoramos la importante
contribución de los distintos programas de cooperación iberoamericana,
que figuran en Anexo, al desarrollo de los países y a la consolidación
de la Comunidad Iberoamericana y nos comprometemos a difundir sus alcances
y resultados.
4. Ratificamos el mandato
encomendado a la SECIB para la búsqueda de fuentes adicionales de
financiamiento para los programas y proyectos de cooperación
iberoamericana, tanto en el sector privado como en los organismos
internacionales.
5. Manifestamos nuestra
satisfacción ante el avance alcanzado por la iniciativa CIBERAMERICA para
la conformación de una comunidad virtual iberoamericana, por lo que
aprobamos su conversión en Programa Cumbre, encomendando a la SECIB el
seguimiento y desarrollo de sus aspectos jurídicos y técnicos, así como
la inclusión en este portal, entre otros contenidos, de una base de datos
de mejores prácticas de cooperación técnica, identificadas de común
acuerdo.
6. Reconociendo que la lectura
es un instrumento real para la inclusión social y un factor básico para
el desarrollo social, cultural y económico de nuestros países, aprobamos
con beneplácito que el Plan Iberoamericano de Lectura - ILIMITA sea
Programa Cumbre.
7. Destacamos, especialmente,
los logros alcanzados por el programa IBERMEDIA durante el presente año y
reiteramos nuestro compromiso con la continuidad del mismo,
particularmente, con la generación de un marco jurídico adecuado que
permita el desarrollo de todas las potencialidades de crecimiento de dicho
programa.
8. Considerando lo señalado
en la Declaración de Lima, saludamos con beneplácito la incorporación
como Proyectos adscritos a la Cumbre Iberoamericana, del Programa de
Formación de Altos Dirigentes y Funcionarios Iberoamericanos en Gobierno
y Gestión Local de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y del
Programa Iberoamérica Emprende, destacando la puesta en marcha de esta
nueva modalidad de cooperación iberoamericana.
9. Reconocemos el trabajo
realizado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina y el Caribe (Fondo Indígena) conforme a los mandatos de
Lima y Bávaro y saludamos la presentación del Informe Ejecutivo sobre
los avances de su Plan de Reestructuración.
Reafirmamos nuestra voluntad de seguir apoyando al Fondo Indígena a
través de las distintas modalidades de contribución e invitamos a la
Cooperación Internacional a continuar respaldándolo.
Acogemos con beneplácito la
invitación hecha por el gobierno de Costa Rica y acordamos realizar la
XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en la
República de Costa Rica en el año 2004.
Aceptamos complacidos la
invitación del Presidente del Gobierno español D. José María Aznar
López, para realizar en ese país, en el año 2005, la XV Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
Expresamos nuestra gratitud al
Presidente Carlos D. Mesa y al pueblo de Bolivia por la hospitalidad y
atenciones recibidas durante la XIII Cumbre Iberoamericana de Santa Cruz
de la Sierra.
Los Jefes de Estado y de
Gobierno de los países iberoamericanos suscriben la presente Declaración,
en dos textos originales en idiomas español y portugués, ambos
igualmente válidos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a los quince
días del mes de noviembre de 2003.
D. Juan Carlos I de Borbón
REY DE ESPAÑA
D. Carlos Mesa Gisbert
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA
D. Néstor Carlos Kirchner
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
D. Luiz Inacio Lula Da Silva
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
D. Ricardo Lagos Escobar
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE
D. Alvaro Uribe Vélez
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
D. Abel Pacheco de la
Espriella
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
D. Carlos Lage Dávila
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPÚBLICA DE CUBA
D. Lucio Gutiérrez Borbúa
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
D. Francisco Flores Pérez
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
D. José Maria Aznar López
PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL
D. Alfonso Portillo Cabrera
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
D. Ricardo Maduro Joest
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
D. Vicente Fox Quesada
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
D. Enrique Bolaños Géyer
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
Da. Mireya Moscoso Rodríguez
PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
D. Nicanor Duarte Frutos
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D. Alejandro Toledo Manrique
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PERÚ
D. Jorge Fernando Branco de
Sampaio
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PORTUGUESA
D. Manuel Durao Barrosso
PRIMER MINISTRO DE LA REPÚBLICA PORTUGUESA
D. Rafael Hipólito Mejía
Domínguez
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
D. Jorge Batlle Ibáñez
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
D. Hugo Rafael Chávez Frías
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Acuerdo de
Santa Cruz de la Sierra
ver
declaración
15 de noviembre de 2003
Los Jefes de Estado y de
Gobierno de Iberoamérica, reunidos en Santa Cruz de la Sierra con motivo
de la celebración de la XIII Cumbre Iberoamericana, una vez escuchado el
Informe presentado por el ex Presidente Fernando Henrique Cardoso de
acuerdo con el encargo que le hicieran en la Cumbre de Bávaro, han
convenido lo siguiente:
-
Aprobar el informe que
crea una Secretaria General Iberoamericana.
-
Abrir el proceso de
suscripción y ratificación del Convenio para lacreación de esta
Secretaría General, de conformidad con la legislación interna de
cada país.
-
La actual Secretaria Pro
Tempore de Bolivia, así como la próxima Secretaría Pro Tempore de
Costa Rica cuando asuma estas funciones, recibirán las sugerencias de
nuestros Gobiernos con respecto a la definición de las funciones y
competencias de la Secretaria General, al objeto de que su Estatuto
pueda ser aprobado en la XIV Cumbre Iberoamericana que se celebrará
en San José de Costa Rica en el año 2004.
-
En dicha Cumbre se
procederá al nombramiento del Secretario General Iberoamericano y a
la elección de la sede de la Secretaría.
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Se encarga al Embajador
Jorge Alberto Lozoya que continúe desempeñando su cargo como
Secretario de Cooperación Iberoamericana, a fin de asegurar la
transición hasta la entrada en funciones del nuevo Secretario General
Iberoamericano.
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