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CUARTA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
1. Convencidos de la necesidad de profundizar la democracia y afianzar la libertad en las Américas de acuerdo con los principios contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta Democrática Interamericana y de su plena aplicación como fundamento de nuestra comunidad hemisférica, nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países democráticos de las Américas, reunidos en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, en ocasión de nuestra Cuarta Cumbre, reafirmamos nuestro compromiso de combatir la pobreza, la desigualdad, el hambre y la exclusión social para elevar las condiciones de vida de nuestros pueblos y reforzar la gobernabilidad democrática en las Américas. Le asignamos al derecho al trabajo tal como se encuentra estipulado en los instrumentos de derechos humanos un lugar central en la agenda hemisférica, reconociendo así el rol esencial de la creación de trabajo decente para alcanzar estos objetivos. 2. Teniendo en cuenta la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998) y el compromiso con la promoción, el fortalecimiento y la defensa de la democracia adoptados en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana, impulsaremos el bienestar social, una distribución equitativa de los beneficios del crecimiento económico, el aumento de los niveles de vida del hemisferio, la eliminación del hambre y alcanzar la seguridad alimentaría, la creación de nuevas fuentes de empleo y la promoción del espíritu emprendedor. 3. Reafirmamos nuestro apoyo a los mandatos y compromisos asumidos en las Cumbres de las Américas; la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995); la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas (Nueva York, 2000); la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Monterrey, 2002); la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002); y la Reunión Plenaria de Alto Nivel del sexagésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, 2005)*, como condición fundamental para el desarrollo sostenible de nuestros países. *Reserva de Venezuela Crecimiento con Empleo 5. Destacamos la importancia de la participación del sector empresarial en el logro de nuestros objetivos. Reconocemos, en particular, que las micro, pequeñas y medianas empresas, proveedoras de bienes y servicios, constituyen un componente fundamental para el crecimiento económico, la creación de empleo y la reducción de la pobreza y la desigualdad social en nuestros países. 6. Reafirmamos nuestro compromiso con el Consenso de Monterrey, en el sentido de que cada país es el principal responsable de su propio desarrollo social y económico a través de políticas sólidas, la promoción de una buena gestión pública en todos los niveles y el respeto al estado de derecho y que al mismo tiempo la comunidad internacional debe apoyar los esfuerzos nacionales de desarrollo. En este contexto, reiteramos que las oportunidades de comercio e inversión son necesarias para los países en su lucha contra la pobreza y en sus esfuerzos de desarrollo. De igual manera, en este contexto, nos comprometemos a coordinar esfuerzos internacionales que apoyen políticas de desarrollo sostenible, identificar fuentes de financiamiento seguras y movilizar recursos para el desarrollo y el combate contra la pobreza y el hambre. 7. Nos preocupa constatar que la pobreza es un fenómeno que está presente en todos los países del Hemisferio y que la pobreza extrema afecta a millones de personas. En ese sentido, nos comprometemos a intensificar nuestros esfuerzos para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en la Cumbre del Milenio, especialmente el de la reducción, para 2015, en un 50%, de la proporción de personas que viven en pobreza extrema, ya que, a pesar de los esfuerzos realizados por los países de América Latina y del Caribe, más de 96 millones de personas aún viven en pobreza extrema. 8. Reconocemos que el crecimiento económico es una condición básica e indispensable, pero no suficiente, para enfrentar las elevadas tasas de desocupación, la pobreza y el crecimiento de la economía informal. Reconocemos que sólo los países que han logrado crecimiento económico sostenido han tenido éxito en disminuir la pobreza. Sin embargo, en el pasado reciente, algunos países de nuestro Hemisferio han pasado por períodos de crecimiento económico que no se han traducido en tasas de empleo equivalentes, acentuando los problemas existentes de alta concentración de ingresos, pobreza e indigencia. El desafío consiste en sostener tasas mas altas de crecimiento con equidad e inclusión social, y generar mayores oportunidades, inversión social y desarrollo social. Las políticas económicas apropiadas y un contexto económico y comercial internacional favorable son factores que ayudaron a la región a alcanzar en el 2004 un aumento de ingresos y la tasa más alta de crecimiento en un cuarto de siglo, lo cual contribuyó a la generación de empleo. 9. Reconocemos que algunas economías de la región han confrontado perturbaciones externas negativas con consecuentes ajustes internos que afectan su capacidad de generar empleo adecuado. Instamos a los países a que continúen a implementar políticas sólidas para abordar esos factores. También hacemos un llamado a una mayor cooperación a nivel bilateral, regional y multilateral para enfrentar estos problemas. 10. Reconociendo la existencia de factores externos que obstaculizan el crecimiento económico, reafirmamos la importancia de la cooperación internacional a los países de renta media-baja, a fin de complementar los esfuerzos nacionales para que cumplan con sus programas de desarrollo y los compromisos de los objetivos del milenio, cooperación que coadyuvará a la generación de empleo y a la gobernabilidad democrática. 11. Manifestamos nuestra preocupación por el incremento de la intensidad de los desastres naturales o causados por el hombre y su impacto devastador en las vidas humanas, la infraestructura y las economías en el Hemisferio. Hacemos un llamado a la acción a nivel nacional, regional e internacional para fortalecer los programas de manejo de desastres, incluyendo un incremento en la capacidad de preparación, desarrollo de sistemas de alerta temprana, mitigación de riesgos y recuperación y reconstrucción después del desastre y asistencia técnica y financiera, según corresponda, particularmente para países vulnerables a los mismos para reducir su impacto. Apoyamos los esfuerzos en curso para explorar la participación de los sectores público y privado en medidas comprensivas de seguro de riesgo contra catástrofes. 12. El crecimiento económico sostenido, con equidad e inclusión social, es una condición indispensable para crear empleo, enfrentar la pobreza extrema y superar la desigualdad en el Hemisferio. Para ello, es necesario mejorar la transparencia y el clima de inversión en nuestros países, acrecentar el capital humano, estimular el aumento de los ingresos y mejorar su distribución, promover la responsabilidad social de las empresas, y alentar tanto el espíritu de empresa como una vigorosa actividad empresarial. 13. Reconociendo que la reducción de la desigualdad y eliminación de la pobreza no pueden alcanzarse sólo a través de políticas sociales de carácter asistencial, nos comprometemos a implementar políticas integrales que institucionalicen la lucha contra la pobreza. Nos comprometemos a consolidar sociedades más democráticas con oportunidades para todos y a fomentar un mayor acceso para nuestros pueblos a la educación, a la salud y a los mercados laborales y de crédito. 14. Considerando los esfuerzos realizados en el Hemisferio en la lucha contra el narcotráfico, reiteramos nuestro respaldo para asegurar que los proyectos de desarrollo alternativo contribuyan al crecimiento económico, fomenten la creación de trabajo decente y apoyen la viabilidad económica sostenible de las comunidades y familias en los países afectados por la presencia de cultivos ilícitos. 15. Uno de los principales desafios a la estabilidad democrática es generar empleos productivos y de calidad con el interés de asegurar que nuestros pueblos se beneficien de la prosperidad económica. Respaldamos el derecho legítimo de un país a procurar y alcanzar su desarrollo dentro del marco de sus realidades políticas, económicas, sociales y culturales. Reiteramos nuestro compromiso de lograr una mayor integración económica y adoptaremos políticas económicas que promuevan el crecimiento económico, generen empleo y reduzcan la pobreza. Para ello, abordaremos los problemas que plantean las barreras al comercio y la deuda insostenible, y continuaremos reformando la arquitectura financiera internacional. 16. Esta reforma tiene, entre otros, los siguientes objetivos: contribuir a la prevención y resolución rápida de las crisis financieras, que perjudican particularmente a los países en desarrollo de la región; aumentar la financiación para el desarrollo; combatir la pobreza; y fortalecer la gobernabilidad democrática. Subrayamos la necesidad de que las instituciones financieras multilaterales, al proporcionar asesoramiento sobre políticas y apoyo financiero, se basen en sólidas opciones nacionales de reforma con las cuales se identifiquen los respectivos países, que tengan en cuenta las necesidades de los pobres y las medidas para reducir la pobreza. Para lograr nuestros objetivos de desarrollo sostenible, necesitamos instituciones internacionales y multilaterales más eficaces, democráticas y dispuestas a rendir cuentas. Instamos a las instituciones financieras internacionales y regionales a que fortalezcan la coordinación de sus actividades para poder responder más eficazmente a las necesidades de desarrollo a largo plazo de los países de la región y alcanzar resultados medibles en sus esfuerzos para erradicar la pobreza, mediante un uso más eficaz de todos los recursos financieros disponibles para el desarrollo. Para los países más pobres y con menor capacidad crediticia, apoyamos un aumento del financiamiento de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), con carácter no reembolsable, sobre la base de resultados. 17. Haremos esfuerzos con el fin de incrementar la inversión en infraestructura para generar las condiciones favorables para crear trabajo y aumentar la productividad. Asimismo, instrumentaremos políticas que impulsen el desarrollo de nuestros mercados locales y/o regionales. 18. Expresamos nuestro compromiso con el avance de las negociaciones sobre la Agenda de Doha para el Desarrollo. Realizaremos los mayores esfuerzos para lograr un resultado ambicioso y equilibrado de la Sexta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que permita una exitosa conclusión de la Ronda de Doha en el 2006, sobre la base, entre otros, del principio de trato especial y diferenciado para los países en desarrollo. Seguimos comprometidos con el progreso sustancial en todos los elementos de las negociaciones de Doha, a fin de lograr, en particular, mayor acceso a los mercados para nuestras exportaciones, la eliminación de todas las formas de subsidios a la exportación de productos agrícolas y una reducción sustancial de las medidas de apoyo interno que distorsionan el comercio. Seguimos comprometidos en lograr un resultado ambicioso en las negociaciones, y en la implementación plena y efectiva del programa de trabajo referente a las pequeñas economías. Nuestro objetivo es el de expandir nuestro comercio, como medio para ampliar el crecimiento y la capacidad de generar más y mejores empleos con mejores remuneraciones. 19. Reconociendo la contribución que la integración económica puede efectuar al logro de los objetivos de la Cumbre de crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática: Algunos miembros sostienen que tenemos en cuenta las dificultades que ha tenido el proceso de negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y reconocemos la contribución significativa que los procesos de integración económica y la liberalización del comercio en las Américas pueden y deben aportar al logro de los objetivos de la Cumbre de crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Por ello, mantenemos nuestro compromiso con el logro de un Acuerdo ALCA equilibrado y comprensivo, dirigido a la expansión de los flujos comerciales y, en el nivel global, un comercio libre de subsidios y de prácticas que lo distorsionen, con beneficios concretos y sustantivos para todos, teniendo en cuenta las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías participantes y el tratamiento especial y diferenciado de las economías mas pequeñas y vulnerables. Participaremos activamente para asegurar un resultado significativo de la Ronda de Doha que contemple asimismo las medidas y propósitos del párrafo anterior. Continuaremos promoviendo las prácticas y actividades establecidas en el proceso del ALCA, que garanticen la transparencia y promuevan la participación de la sociedad civil. Instruimos a nuestros responsables de las negociaciones comerciales a reanudar sus reuniones en el primer semestre de 2006, para examinar las dificultades del proceso ALCA, a fin de superarlas y avanzar en las negociaciones, de acuerdo con el marco adoptado en Miami, en noviembre de 2003. Asimismo, instruimos a nuestros representantes en las instituciones del Comité Tripartito a que continúen asignando los recursos necesarios para apoyar la operación de la Secretaría Administrativa del ALCA. Otros miembros sostienen que todavía no estan dadas las condiciones necesarias para lograr un acuerdo de libre comercio equilibrado y equitativo, con acceso efectivo de los mercados libre de subsidios y practicas de comercio distorsivas y que tome en cuenta las necesidades y sensibilidades de todos los socios, así como las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías. En función de lo expuesto hemos coincidido
en explorar ambas posiciones a la luz de los resultados de la próxima
reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC). A tal
efecto el gobierno de Colombia realizara consultas con miras a una reunión
de responsables de negociaciones comerciales. 20. Considerando la demanda generalizada en el Hemisferio de contar con trabajo digno, decente y productivo, la gran tarea de nuestras sociedades y gobiernos para combatir la pobreza y la exclusión social es la adopción de políticas en torno a la generación de más y mejores empleos tanto en el área rural como en la urbana, con el objeto de contribuir eficazmente a la cohesión e inclusión social, la prosperidad y la gobernabilidad democrática. 21. Nos comprometemos a implementar políticas activas que generen trabajo decente, dirigidas a crear las condiciones de empleo de calidad, que doten a las políticas económicas y a la globalización de un fuerte contenido ético y humano poniendo a la persona en el centro del trabajo, la empresa y la economía. Promoveremos el trabajo decente, es decir: los derechos fundamentales en el trabajo; el empleo; la protección social y el diálogo social. 22. Reafirmamos el respeto de los derechos enunciados en la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT (1998) y nos comprometemos a promover estos derechos fundamentales. Desarrollaremos e implementaremos políticas y programas que ayuden a que los mercados laborales funcionen de forma eficiente y transparente, y que preparen a los trabajadores para responder a las oportunidades creadas por el crecimiento económico y las nuevas tecnologías. 23. Combatiremos la discriminación de género en el trabajo promoviendo la igualdad de oportunidades con el fin de eliminar las disparidades existentes entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, a través de un enfoque integrado que incorpore la perspectiva de género en las políticas de empleo, incluyendo la promoción de más oportunidades para que las mujeres sean dueñas de su propia empresa. 24. Reafirmamos nuestro firme compromiso para enfrentar el flagelo del racismo, la discriminación y la intolerancia en nuestras sociedades. Estos problemas deben ser combatidos en todos los niveles de gobierno y la sociedad en general. El Sistema Interamericano también tiene un papel vital en este proceso mediante, entre otras actividades, el análisis de los obstáculos sociales, económicos y políticos que enfrentan los grupos marginados y la identificación de pasos prácticos incluyendo las mejores prácticas sobre cómo combatir el racismo y la discriminación. Con este fin, apoyamos la implementación de la resolución, AG/RES. 2126 del Trigésimo Quinto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA (XXXV- O/05), que resultó en el establecimiento del Grupo de Trabajo a cargo de, entre otros, la preparación del Proyecto de Convención Interamericana de Prevención del Racismo y de todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, y alentamos la labor de este Grupo de Trabajo para combatir el racismo, la discriminación e intolerancia a través de los medios disponibles como un asunto de la más alta prioridad. También reiteramos nuestro compromiso de cumplir plenamente las obligaciones asumidas mediante la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. 25. Nos comprometemos a proteger a los niños y las niñas de la explotación económica y de la realización de tareas que puedan interferir con su educación y desarrollo integral, conforme al principio de abolición efectiva del trabajo infantil, recogido en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT (1998). Asimismo aplicaremos medidas prioritarias y efectivas para prevenir y erradicar las peores formas del trabajo infantil de acuerdo al Convenio 182 de la OIT (1999). Nos esforzaremos en mejorar el acceso y calidad de la educación básica de todos los niños y las niñas, reconociendo que la provisión de oportunidades educativas es una inversión a futuro para nuestras sociedades. 26. Reafirmamos que debe dársele a todo migrante, sin importar su condición migratoria, la protección plena de sus derechos humanos y la observancia plena de las leyes laborales que les aplican, incluyendo los principios y derechos laborales contenidos en la Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. 27. Promoveremos el trabajo decente para los trabajadores migrantes en el marco de la Declaración de Nuevo León y fomentaremos el apoyo el Programa Interamericano adoptado en la Resolución AG/RES 2141 (XXXV-O/05 del Trigésimo Quinto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA (XXXV- O/05). Asimismo, los Estados partes de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias, reiteran la importancia de su plena implementación por las partes. 28. Instamos a incrementar la cooperación y el diálogo interamericano con el fin de reducir y desalentar la migración indocumentada, así como promover procesos migratorios de acuerdo con el orden jurídico interno de cada Estado y el derecho internacional de los derechos humanos aplicable. Nos comprometemos a dialogar con el fin de reducir el costo y facilitar las transferencias de remesas, e incrementar los esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos, y facilitar el retorno digno, ordenado y seguro de los migrantes; e invitamos a los Estados a intercambiar las mejores prácticas sobre el establecimiento de programas bilaterales para trabajadores migrantes. 29. No escatimaremos esfuerzos para lograr la abolición inmediata y completa del trabajo forzoso u obligatorio en las Américas. Estamos convencidos de que ello será una contribución fundamental para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible con equidad social en nuestros países y para la construcción de un futuro mejor para todos los americanos. 30. Nos comprometemos a procurar la igualdad de oportunidades de empleo para todos así como a trabajar para erradicar la discriminación en el trabajo, en el acceso a la educación, en la capacitación y en la remuneración. En este contexto, prestaremos atención especial a las diferentes necesidades basadas en género y a las necesidades de los pueblos indígenas, los afro-descendientes y otros grupos en situación de vulnerabilidad. 31. Reafirmamos nuestro compromiso de respetar los derechos de los pueblos indígenas y nos comprometemos a concluir exitosamente las negociaciones de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El ejercicio pleno de estos derechos es indispensable para la existencia, el bienestar y el desarrollo integral de los pueblos indígenas y para su plena participación en las realidades nacionales, por lo que debemos crear las condiciones necesarias para facilitar su acceso al trabajo decente y a condiciones de vida que permitan superar la pobreza, la exclusión y la desigualdad social. 32. Afirmamos nuestro compromiso de respetar los derechos de los afro-descendientes y asegurar su pleno acceso a las oportunidades de educación en todos los niveles y al trabajo decente que les ayudará a superar la pobreza y la exclusión social, y contribuirá a que se incremente su participación en todos los sectores de nuestras sociedades. 33. Promoveremos marcos integrados de políticas públicas ambientales, de empleo, de salud y de seguridad social para proteger la salud y seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras, e impulsaremos una cultura de prevención y control de riesgos ocupacionales en el Hemisferio. 34. Fortaleceremos la cooperación y los intercambios de información en la lucha contra enfermedades crónicas así como enfermedades emergentes y reemergentes tales como el VIH/SIDA, SARS, malaria, tuberculosis, gripe aviar y otros riesgos de salud. Nos comprometemos a combatir la estigmatización, la desinformación y la discriminación en el trabajo contra las personas afectadas por el VIH/SIDA y a favorecer su pleno acceso al empleo con dignidad. Nos proponemos desarrollar estrategias y mecanismos de cooperación transversales, principalmente dentro del marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para combatir estas enfermedades, incluyendo el fortalecimiento y la financiación adecuada del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, así como también el desarrollo de planes nacionales de prevención para combatir posibles pandemias tales como la gripe aviar. Instamos a todos los países a acelerar el proceso de ratificación de nuevas reglamentaciones sanitarias internacionales y a procurar ampliar los mecanismos de cooperación que faciliten el acceso a las medidas pertinentes de prevención, diagnóstico y tratamiento de la población en riesgo. 35. Reconociendo la necesidad de sistemas de protección social de amplia cobertura, examinaremos los dispositivos de seguridad social, para la protección de los desempleados, más apropiados y posibles para nuestros respectivos países. Como parte de un paquete de redes de seguridad social para los desempleados, reconocemos, asimismo, la contribución positiva de los sistemas de seguro por desempleo para aliviar temporalmente el padecimiento socio-económico de los individuos, reduciendo la necesidad de los trabajadores de recurrir a actividades de subsistencia a través de trabajos precarios y facilitando su reinserción en el mercado laboral. 36. Consideramos fundamental fortalecer el diálogo social inclusivo, transparente y amplio, con todos los sectores interesados de la sociedad, a nivel local, nacional, regional y hemisférico. El diálogo social es un instrumento importante y básico para promover y consolidar la democracia y para construir sociedades con inclusión y justicia social. 37. Reconocemos el papel consultivo fundamental y único que ejercen las organizaciones de empleadores y trabajadores en la definición de políticas de empleo y políticas laborales. Nos comprometemos a promover y facilitar el diálogo tripartito en los ámbitos nacional, subregional y hemisférico. 38. Reconocemos el vínculo importante entre el desarrollo y la cultura y estamos de acuerdo en que el apoyo a la cultura en sus dimensiones múltiples contribuye, entre otras cosas, a la preservación y protección del patrimonio histórico, al realce de la dignidad e identidad de nuestros pueblos, a la creación de trabajo decente y la superación de la pobreza. 39. Destacamos la importancia de la realización, en el marco de la OEA, de la Reunión de Ministros y Altas Autoridades sobre Desarrollo Sostenible a llevarse a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en agosto de 2006. Alentamos la participación de los Estados miembros y encomendamos a la OEA que continúe prestando apoyo a los trabajos preparatorios necesarios para el éxito de esta reunión. Formación de la fuerza laboral 40. Reconocemos el papel esencial del acceso a la educación continua, en especial de la formación profesional y técnica de la población. La inversión para aumentar los conocimientos, aptitudes, competencias y habilidades, facilita el acceso y la reinserción al empleo, apoya el desarrollo personal y profesional, y maximiza la productividad de la economía y el fortalecimiento institucional. 41. Reconocemos la importancia de facilitar la incorporación al mercado laboral de los jóvenes, ampliando la cobertura y mejorando la calidad de los servicios de información y orientación laboral. 42. Convenimos, que para mejorar las
oportunidades laborales debemos asegurar una educación de calidad para
todos los ciudadanos, lo cual requiere la evaluación de nuestros
esfuerzos en base a normas claramente definidas y la responsabilización
por los resultados. 44. Entendemos que el potencial para
desarrollar la capacidad de nuestra ciudadanía y 45. Nos comprometemos a apoyar la mejora en la calidad de la enseñanza de las ciencias y nos esforzaremos en incorporar ciencia, tecnología, ingeniería, e innovación como factores principales para los planes y estrategias nacionales de desarrollo económico y social, con el propósito fundamental de contribuir a la reducción de la pobreza y a la generación de trabajo decente. En este sentido, apoyamos la Declaración y el Plan de Acción adoptados en la Reunión de Ministros de Ciencia y Tecnología de Lima. 46. Reconocemos que la investigación científica y tecnológica y el desarrollo y el progreso científicos juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de nuestras sociedades creando economías basadas en el conocimiento, que contribuyan al crecimiento económico y a elevar la productividad. En este sentido, reiteramos nuestro apoyo a las instituciones establecidas anteriormente por el Proceso de Cumbres, como la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología para crear una cultura científica en el Hemisferio. Seguiremos apoyando las asociaciones de investigación, públicas y privadas, y promoviendo su interacción. 47. Continuaremos incrementando las inversiones en el área de ciencia y tecnología, con la participación del sector privado y el apoyo de los organismos multilaterales. Asimismo, intensificaremos nuestros esfuerzos para incentivar a nuestras universidades e instituciones superiores de ciencia y tecnología a multiplicar sus vínculos, y a profundizar la investigación básica y aplicada y a promover una mayor incorporación de los trabajadores en la agenda de la innovación. Facilitaremos la mayor interacción posible entre las comunidades de investigación tecnológica y científica promoviendo el establecimiento y consolidación de redes de investigación y sinergia entre instituciones educativas, centros de investigación, el sector público y privado y la sociedad civil. 48. Reconocemos que la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones. Por consiguiente, reiteramos nuestro compromiso con su protección, de conformidad con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC. 49. Realizaremos el máximo esfuerzo para aprovechar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de incrementar la eficiencia y la transparencia del sector público y facilitar la participación de la ciudadanía en la vida pública, contribuyendo así a consolidar la gobernabilidad democrática en la región. En ese sentido, continuaremos promoviendo la adopción regional de programas de capacitación en materia de gobierno electrónico, compartiendo la experiencia de los países que hayan avanzado en este ámbito. Ello permitirá reforzar las capacidades de los empleados del sector público mediante el uso de herramientas innovadoras como los portales de capacitación en línea para funcionarios públicos actualmente implementados en varios países. Estas acciones permitirán proveer preparación en múltiples niveles, contribuyendo de esta manera a mejorar las habilidades de los servidores públicos y a reforzar la educación en valores y a mejores prácticas democráticas en la región. Micro, pequeñas y medianas empresas como
motor de crecimiento del empleo 53. Fomentaremos el desarrollo de capacidades empresariales y competencias técnicas de las PyMES, con el objetivo de facilitar su inserción en nuevos mercados con el fin de fortalecer y aumentar el empleo en las PyMES. 54. Respaldaremos los esfuerzos que los bancos multilaterales de desarrollo lleven a cabo con las micro, pequeñas y medianas empresas como factores fundamentales del crecimiento económico y recibiremos con beneplácito el incremento de los esfuerzos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de otros bancos regionales de desarrollo para crear condiciones favorables para el fortalecimiento de dichas empresas. Marco para la creación de trabajo decente a) Un marco laboral que promueva el trabajo decente y reafirme el respeto a la Declaración de la OIT Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su seguimiento. Continuaremos reforzando la aplicación de nuestras leyes nacionales laborales y a promover su efectiva aplicación; b) Un marco económico caracterizado por políticas fiscales responsables que fomenten un crecimiento equitativo que genere empleo; c) Un clima comercial que atraiga la inversión, promueva la creación de nuevas empresas y fomente la competencia; d) Un marco jurídico que sustente el estado de derecho, la transparencia, y el acceso a la justicia; que refuerce la imparcialidad y la independencia de las instituciones judiciales; que impida y combata la impunidad y la corrupción tanto en la esfera pública como en la privada y que combata los delitos internacionales; e) Un marco de políticas públicas para el desarrollo integral y sostenible que pueda reducir la pobreza y la desigualdad, fomentar la salud humana y proteger el medio ambiente, de conformidad con los acuerdos ambientales internacionales de los que todos somos parte, incluidos aquellos que se refieren a la fauna y las especies migratorias en peligro de extinción, los humedales, la desertificación, las sustancias químicas que agotan la capa de ozono y los cambios climáticos. Tomamos nota con satisfacción de la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Montreal; f) Un marco regulatorio que busque incorporar al sector formal el sector informal y el trabajo no registrado, reconociendo el carácter heterogéneo del sector informal, en aras de expandir la protección social y mejorar la calidad y la productividad del trabajo; g) Un marco global para el desarrollo del sector rural y agropecuario que promueva la inversión, la generación de empleos y la prosperidad rural, y h) Para lograr los objetivos precedentes habremos de promover una mayor cooperación y coordinación entre los gobiernos locales, nacionales y regionales. 56. Reconocemos las contribuciones importantes de los Ministerios de Trabajo para el logro de los objetivos de la IV Cumbre de las Américas de "Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática" y la promoción de trabajo decente y políticas que estimulen la inversión y el crecimiento económico con equidad. Estamos comprometidos a fortalecerlos con el objetivo de asegurarles suficientes recursos nacionales presupuestarios y técnicos para permitirles llevar a cabo sus deberes de forma eficiente y eficaz. Hacemos un llamado a nuestros respectivos Ministros de Trabajo, en una labor conjunta con empleadores y trabajadores para promover la capacitación profesional y el aprendizaje a lo largo de toda la vida de los trabajadores para que puedan insertarse adecuadamente en los mercados laborales; para facilitar el desarrollo de habilidades y conocimiento de los trabajadores y de las personas que buscan empleo; para implementar políticas y programas como la mejora de los servicios de empleo y el acceso a la información laboral de calidad; para el funcionamiento efectivo del mercado laboral y para impulsar eficazmente el cumplimiento de nuestras leyes y regulaciones laborales. Instamos a los ministros a continuar la cooperación bilateral y multilateral dirigida al desarrollo de capacidades. Tomamos nota también de la Declaración y Plan de Acción de México y su contribución para avanzar hacia los objetivos de la Cumbre. Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática 57. Reiteramos nuestro compromiso con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana y reafirmamos nuestra resolución de fortalecer su plena y efectiva implementación. 58. Estamos convencidos de que la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región* . Reconocemos que para que la democracia prospere, los gobiernos deben responder a las aspiraciones legítimas de sus pueblos y trabajar para proveerles las herramientas y oportunidades para mejorar sus vidas. 59. En ese sentido, respaldamos los compromisos asumidos en la Declaración de Florida adoptada en el trigésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrada en Junio de 2005. Asimismo, tomamos nota de la importancia de lo acordado por los Estados participantes de la Comunidad de las Democracias en su Tercera Reunión Ministerial realizada en Santiago en abril de 2005. 60. Reafirmamos que el carácter participativo de la democracia en nuestros países, en los diferentes ámbitos de la actividad pública, contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad en el Hemisferio. 61. Nuestros esfuerzos para la creación de trabajo decente contribuirán a promover la equidad, la movilidad social, una mejor calidad de vida y la inclusión social de nuestros ciudadanos así como al logro de la justicia social. 62. Una mayor participación ciudadana, comunitaria y de la sociedad civil contribuirá a asegurar que los beneficios de la democracia sean compartidos por la sociedad en su conjunto. 63. Reconocemos que la promoción y protección universal de los derechos humanos --incluidos los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales- con base en los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia, así como el respeto al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados, son fundamentales para el funcionamiento de las sociedades democráticas. En tal sentido, reafirmamos la necesidad de continuar con el proceso de fortalecimiento y perfeccionamiento de la eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en particular el funcionamiento y el acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 64. Reafirmamos que una gobernabilidad democrática basada en el respeto al estado de derecho y que sea estable, transparente, efectiva, incluyente y responsable contribuye a crear un entorno facilitador para atraer la inversión, construir prosperidad económica, fomentar la creación de trabajo decente y alcanzar justicia social. 65. En ese sentido, reconocemos la labor de las Reuniones de Ministros y Autoridades de Alto Nivel Responsables de las Políticas de Descentralización, Gobierno Local y Participación Ciudadana y de la Red Interamericana de Alto Nivel sobre Descentralización, Gobierno Local y Participación Ciudadana (RIAD), en particular la III RIAD, cuyo tema central fue el papel de los gobiernos locales y regionales, la participación ciudadana y el desarrollo regional en el combate a la pobreza, la generación de trabajo e ingreso y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. 66. La rendición de cuentas es un instrumento fundamental para el logro de la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos administrados por nuestros gobiernos. La lucha contra la corrupción es uno de los pilares fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el crecimiento económico. Por este motivo, hacemos un llamado a implementar la Convención Interamericana contra la Corrupción y participar plenamente en el Mecanismo de * Reserva de Venezuela Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Destacamos la importancia del papel de supervisión de los legisladores, cuando resulte apropiado, en la lucha contra la corrupción y la importancia de promover los intercambios interparlamentarios para colaborar en el desarrollo de estrategias nacionales e internacionales para combatir la corrupción. 67. Promoveremos la prosperidad económica asegurando que la comunidad democrática de Estados continúe comprometida con la paz y con el tratamiento de las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad. Reiteramos nuestro compromiso con los objetivos y propósitos contenidos en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, fundamentada en el concepto multidimensional de la seguridad, y continuaremos fortaleciendo la cooperación entre nuestros Estados. 68. Manifestamos que el terrorismo afecta el normal funcionamiento de nuestras sociedades e incide negativamente en nuestras economías, en los mercados de trabajo y especialmente en la generación de empleo. Para mantener un ambiente que fomente la prosperidad económica y el bienestar de nuestros pueblos, tomaremos todas las medidas necesarias para prevenir y combatir el terrorismo y su financiación en cumplimiento pleno de nuestros compromisos en el marco del derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. 69. Fortaleceremos el intercambio oportuno de información y la más amplia asistencia jurídica mutua para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, impedir la circulación internacional de terroristas y asegurar su enjuiciamiento y, en su caso, su extradición de acuerdo con la legislación interna y los tratados y convenciones relevantes. Cooperaremos para evitar que toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación, y comisión de actos terroristas encuentre refugio en nuestros países.
71. Alentamos los trabajos de la OEA en la elaboración de la Carta Social de las Américas y su Plan de Acción, cuyos principios y objetivos estarán dirigidos al logro, por parte de los Estados miembros, de sociedades que ofrezcan a todos nuestros ciudadanos más oportunidades para beneficiarse del desarrollo sostenible con equidad e inclusión social. 72. Los esfuerzos nacionales para generar trabajo decente y empleos de calidad deben ser apoyados por la cooperación y la solidaridad internacional. En este contexto reforzaremos los mecanismos de cooperación entre nuestros países en el marco de la OEA y con otras organizaciones multilaterales e instituciones financieras, de modo de lograr un completo y efectivo uso de los instrumentos y recursos necesarios para fomentar un crecimiento y desarrollo sostenible. En este sentido, tomamos nota con interés de las iniciativas, contribuciones y debates internacionales, como la Declaración sobre la Acción contra el Hambre y la Pobreza, encaminados a encontrar fuentes innovadoras y adicionales de financiación para el desarrollo de carácter público, privado, interno o externo de acuerdo con las estrategias de desarrollo nacionales de cada país que aumenten y complementen las fuentes tradicionales de financiación para lograr los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluyendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y que refleje la asociación mundial del Consenso de Monterrey. 73. Tomando en cuenta los resultados de esta Cumbre y de la XIV Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) solicitamos que la OIT trate, en su XVI Reunión Regional del 2006 el que fue el tema central de la XIV CIMT: "Las personas y su trabajo en el centro de la globalización" con énfasis particular en el trabajo decente y considere acciones gubernamentales y tripartitas para dar cumplimiento a la Declaración y el Plan de Acción de Mar del Plata. 74. Reconocemos el papel central de la OEA en la implementación y seguimiento de los mandatos de las Cumbres de las Américas e instruimos a la Secretaría General a que continúe ejerciendo las funciones de secretaría técnica, brinde apoyo a las reuniones del Grupo de Revisión de la Implementacion de Cumbres (GRIC), y a las reuniones ministeriales y conferencias especializadas, coordine la participación de la sociedad civil y asegure la divulgación de información sobre el proceso de Cumbres y los compromisos asumidos por los países.
76. Con esta Declaración y el Plan de Acción anexo, los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio reafirmamos el papel fundamental que otorgamos a la creación de trabajo decente para cumplir con nuestros compromisos de enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Reconocemos una vez más el valor del trabajo como actividad que estructura y dignifica la vida de nuestros pueblos, como un instrumento eficaz de interacción social y un medio para la participación en las realizaciones de la sociedad, objetivo primordial de nuestra acción gubernamental para las Américas.
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